De esta manera, con 71% a favor; 28.79% en contra y una importante cifra de abstencionismo, calculado en 54,06% (casi cinco millones de votantes); los venezolanos elegían a finales de 1999 una nueva Constitución, fundando una nueva república, que llevaría el nombre de República Bolivariana de Venezuela, la cual sería conocida políticamente también como Quinta República, a fin de darle continuidad histórica a la serie de repúblicas fundadas desde las épocas independentistas, lideradas por Simón Bolívar, figura central de esta fuerza política de izquierda encarnada en la figura pública del nuevo presidente Chávez.

Luego de años, que algunos historiadores venezolanos señalan como décadas de olvido, represión y corrupción, llegaba al poder una figura popular que prometía cambios de base y estructura, que garantizarían la igualdad y la inclusión. Así, el primer acto político de Hugo Chávez, después de juramentarse en el cargo fue llamar a un Proceso Constituyente, en donde participaron un total de ciento veintiocho constituyentes, que recorrieron el país, organizando asambleas populares, a fin de “redactar junto al pueblo” la nueva Constitución que regiría el funcionamiento de la República a fundar.

Como resultado, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es considerada por algunos politólogos y periodistas como una de las más avanzadas de la región, en incluso del mundo. Por ejemplo, esta Carta Magna es la primera en la historia de Venezuela en reconocer los derechos políticos y territoriales de los pueblos originarios, así como en tomar en cuenta las lenguas de las distintas etnias, a fin de tratarlas como patrimonios culturales de la nación.

Así mismo, esta Constitución establece ejercicios democráticos también inéditos en la historia política de esta nación suramericana, pues el electorado cuenta con la opción de poder convocar en la mitad del mandato de cualquier cargo público (Presidente, Gobernadores, Alcaldes) un Referéndum Revocatorio, que de contar con la mitad más uno de los votos por los que fue electo en principio dicho representante, puede lograr la remoción de éste de su cargo.

De igual modo esta Constitución, cuenta –entre otras novedades- con la de ser la primera en el mundo que no suspende las garantías constitucionales a los detenidos, durante un Estado de Excepción, brindándole su derecho de ser sometido a juicio, así como tampoco suspende el Derecho a la Libertad de Expresión, durante estados de conmoción nacional. Hechos estos que hacen que sus defensores la cataloguen como una Constitución realmente democrática.

Artículo 231 de la Constitución política de Venezuela

Dentro de los trescientos cincuenta artículos que conforman esta Constitución, el Artículo 231 pertenece al Capítulo II, formando parte de aquellos que regulan las funciones y disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente del Presidente de la República. En sus líneas se puede leer textualmente lo siguiente:

El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Trascendencia histórica del artículo 231 de la Constitución venezolana

Este artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pasó a la palestra pública e histórica a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, quien resultó reelecto en los comicios electorales del 7 de octubre de 2012 por un total de ocho millones ciento noventa y un mil ciento treinta y dos votos, lo que representaba 55 % del electorado, frente al 44,31% obtenido por la oposición, encarnada por el candidato Henrique Capriles Radonski. De esta manera, y cónsono con los designios constitucionales, Hugo Chávez, presidente electo debía presentarse ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2013, a fin de juramentarse para el nuevo período presidencial, tal como lo dicta el artículo 231 de la Constitución de 1999.

Sin embargo, el grave estado de salud por el que atravesaba el presidente reelecto hizo imposible que acudiera a la cita, desatando un verdadero debate entre sectores chavistas y opositores sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir. Ante este escenario muchísimas fueron las interpretaciones, pues algunos decían que esto constituía un abandono de cargo, por lo que debía asumir el para entonces vicepresidente Nicolás Maduro; otros insistían en que era el Presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello quien debía suplir al presidente ausente, hasta que éste pudiese regresar o se llamara nuevamente a elecciones.

A fin de esclarecer el panorama político, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de este país dictó una Sentencia, en donde básicamente argumentaba que el presidente Hugo Chávez no resultaba un candidato electo, sino reelecto, por lo que se juramentara o no, continuaba en ejercicio de sus funciones, debiendo tomar juramento apenas pudiese regresar de su convalecencia en La Habana, Cuba, en donde había sido intervenido quirúrgicamente una vez más, para tratar el cáncer que le afectaba.

De esta manera, el 10 de enero de 2013 el presidente Hugo Chávez no se presentó a juramentarse, mientras el TSJ declaró la continuidad de su mandato, y la Asamblea Nacional, la cual contaba para el momento con mayoría chavista, aprobó nuevamente el permiso de ausencia que le había sido otorgado al Presidente para que atendiera su salud. Así también, las figuras políticas del chavismo, encabezadas por el vicepresidente Nicolás Maduro organizaron un acto político que llevaba como eslogan “Yo soy Chávez”, para el cual convocaron el 10 de enero de 2013 a los millones de seguidores del mandatario, a fin de que tomaran a su nombre juramento público, en las plazas y calles de Venezuela.

En contraposición, la oposición señaló que esto era una alteración en el orden constitucional, el cual además se encontraba favorecido con una sentencia manipulada por parte de un Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Gobierno chavista, puesto que para este sector político venezolano el deber ser consistía en declarar la falta absoluta del presidente, lo cual también daba pie a distintas interpretaciones.

Basándose en la Constitución, específicamente en el artículo 233 que habla sobre las “faltas absolutas del presidente”, por haber ganado las elecciones en octubre, pero no poder juramentarse, se debía simplemente llamar de nuevo a elecciones en un período no mayor a treinta días, período en el que debía asumir el presidente de la Asamblea Nacional, cargo que para ese momento ejercía Diosdado Cabello.

No obstante, apoyados en la sentencia del TSJ y de la Asamblea Nacional, se tomó como continuidad el mandato de Hugo Chávez, hasta que el 5 de marzo de 2013 fue anunciada su muerte. Por tratarse de una continuidad, se interpretó que el presidente Chávez se encontraba en el ejercicio de sus últimos años de mandato, ya que no se había juramentado para uno nuevo, por lo que cónsonos con la Constitución asumió el vicepresidente Nicolás Maduro. Posteriormente, el Poder Electoral convocó nuevas elecciones, resultando ganador Nicolás Maduro por un total de siete millones quinientos ochenta y siete mil quinientos setenta y nueve votos, y una diferencia de apenas doscientos treinta y tres mil quinientos noventa y nueve votos, frente al nuevamente candidato Henrique Capriles Radonski.

Imagen: aporrea.org