El término «administrado» hace referencia a la persona o entidad que se encuentra sometida a la jurisdicción de una autoridad administrativa, es decir, que está sujeta al poder de la Administración pública en el desempeño de sus funciones. Este concepto es fundamental para entender la relación entre la Administración y los ciudadanos, ya que establece un marco jurídico que protege los derechos y garantías de los administrados.
Importancia del administrado en la relación con la Administración
La figura del administrado es esencial en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, puesto que representa el objeto de las decisiones y actuaciones administrativas. En este sentido, la Administración pública debe garantizar que sus actuaciones se ajusten a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana, y que respeten en todo momento los derechos y garantías de los administrados.
Entre las funciones más importantes del administrado se encuentran las de solicitar servicios públicos, presentar reclamaciones y recursos, recibir notificaciones y resoluciones administrativas, y en general, ejercer cualquier acción que le corresponda en relación con los procedimientos administrativos en los que esté involucrado.
La figura del administrado también es importante en el ámbito de la responsabilidad de la Administración, ya que esta última tiene la obligación de responder por los daños y perjuicios que pueda causar a los administrados en el ejercicio de sus funciones.
Las funciones básicas de un administrado
Las funciones básicas que tiene un administrado en su relación con la Administración pública:
Solicitar servicios públicos: Los administrados tienen derecho a solicitar y recibir servicios públicos de calidad por parte de la Administración. Para ello, pueden presentar solicitudes para la realización de trámites, la obtención de documentos o la realización de gestiones.
Presentar reclamaciones y recursos: Los administrados también tienen derecho a presentar reclamaciones o recursos en caso de que consideren que sus derechos han sido vulnerados o que la Administración ha actuado de forma irregular o injusta. Estas reclamaciones pueden ser presentadas ante la Administración correspondiente o ante los tribunales de justicia.
Recibir notificaciones y resoluciones administrativas: La Administración está obligada a notificar a los administrados sobre las decisiones y actuaciones que se lleven a cabo en relación con sus asuntos. Estas notificaciones deben realizarse de forma clara, precisa y en los plazos establecidos por la ley.
Participar en los procedimientos administrativos: Los administrados tienen derecho a participar activamente en los procedimientos administrativos en los que estén involucrados, ya sea a través de la presentación de alegaciones, la asistencia a las audiencias o la defensa de sus intereses.
Ejercer cualquier otra acción que le corresponda: Además de las funciones mencionadas, los administrados pueden ejercer cualquier otra acción que les corresponda en relación con los procedimientos administrativos en los que estén involucrados, siempre y cuando se ajusten a las normas y principios establecidos por la ley.
En resumen, las funciones básicas de un administrado son solicitar servicios públicos, presentar reclamaciones y recursos, recibir notificaciones y resoluciones administrativas, participar en los procedimientos administrativos y ejercer cualquier otra acción que le corresponda. Estas funciones son esenciales para garantizar el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos en su relación con la Administración pública.
Conclusiones
En conclusión, el administrado es una figura fundamental en las relaciones entre la Administración pública y los ciudadanos, ya que establece un marco jurídico que protege los derechos y garantías de los ciudadanos ante el poder de la Administración. Es importante que tanto la Administración como los administrados conozcan sus derechos y obligaciones en relación con esta figura, y que trabajen conjuntamente para garantizar el respeto a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana en todas las actuaciones administrativas.
